La autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley Estatutaria No. 1581 y de garantizar que se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos en el tratamiento de datos personales es la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio quien desde ahora ejerce la facultades de autoridad de protección de datos en Colombia.

El artículo 28 de la Ley Estatutaria No. 1581 estableció un plazo de seis meses para que las entidades y personas reguladas pudieran adecuarse a las disposiciones previstas en la ley, plazo que se cumplió el pasado jueves 18 de Abril.

Recomendamos la lectura del Artículo de Alexander Díaz García publicado en el Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos que contiene un resumen conciso del contenido de la Ley No. 1581 y sobre otras leyes relacionadas con la protección de datos y delitos informáticos en Colombia.

Ver entrada de fecha 29 de Octubre de 2012

1. Vigilancia de las Comunicaciones. El reporte señala las supuestas contrataciones que hizo la Secretaría de Defensa Nacional para la adquisición de software de vigilancia y la falta de información y transparencia respecto a la adquisición de dicho software por parte del gobierno Mexicano y el riesgo que conlleva la interceptación de comunicaciones privadas.

El reporte también señala la adopción del Decreto del 1º de Marzo de 2012 que reforma entre otras leyes, la Ley Federal de Telecomunicaciones, mejor conocido como el «Decreto de Geolocalización» que concede a las autoridades investigadoras y los gobiernos amplias facultades de vigilancia, así como para obtener información y datos de ubicación geográfica de usuarios de telefonía móvil en tiempo real con el objeto de prevenir y perseguir las extorsiones vía telefónica. Privacy International recomienda que si no se adoptan salvaguardias necesarias, dicha legislación podría comprometer seriamente el derecho a la privacidad de los Mexicanos y podría resultar en una respuesta inapropiada y desproporcionada a los propósitos originalmente planteados en la legislación y que las medidas previstas en el «Decreto de Geolocalización» podrían ser fácilmente evadidas por parte de grupos del crimen organizado que infiltren a autoridades ejecutoras poniendo en serio riesgo los derechos de privacidad de los mexicanos.

2. Vigilancia Material. El reporte hace referencia a supuestas adquisiciones de radares scanner por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y que permiten a las autoridades gubernamentales mexicanas detectar y monitorear movimientos a través de las paredes desde más de 18 metros de distancia.

El reporte también hace referencia al uso de los famosos «drones» por parte del Servicio de Aduanas y Proteccion de los EUA que tienen la capacidad de adentrarse en territorio mexicano y monitorear comunicaciones y movimientos con el propósito de obtener información detallada sobre individuos y autoridades de gobierno mexicano y cuya ubicación resulta difícil de percibir. El reporte señala que el uso de «drones» se ha mantenido en secreto por motivo de las restricciones y candados legales constitucionales existentes en México y cuya legalidad podría ser seriamente cuestionada, ya que supone una amenaza a la privacidad de los mexicanos.

El reporte también contiene una sección sobre las áreas que México ha mejorado y en donde se señalan las reformas a los artículos 16 y 73 constitucionales de Junio de 2009 en materia de protección de datos y la promulgación de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) de Julio de 2010 y una breve descripción de los instrumentos internacionales que se tomaron en cuenta para su elaboración.

El reporte concluye con seis recomendaciones dirigidas al gobierno mexicano que son las siguientes:

- Garantizar que el uso de software de vigilancia sea estrictamente regulado y monitoreado por la Secretaría de la Defensa Nacional y supervisado por autoridades judiciales e independientes.

- Asegurar el establecimiento de mecanismos y revisiones apropiadas para garantizar que el uso de software de vigilancia sea y se mantenga legítimo y proporcional.

- Demostrar transparencia con respecto a la adquisición y uso de software de vigilancia por parte de las autoridades gubernamentales mexicanas.

- Rechazar el Decreto de Geolocalización o reformarlo en forma tal que las autoridades gubernamentales tengan que obtener una orden judicial antes de poder acceder a datos de geolocalización.

- Procurar ser transparente con respecto a la adquisición y uso de radares scanner por parte de las autoridades gubernamentales, así como incluir el como y bajo que circunstancias podrán ser utilizados y establecer salvaguardias que aseguren su correcta utilización.

- Regular estrictamente la utilización de drones y asegurar que su utilización sea supervisada y autorizada por las autoridades judiciales y publicar información con respecto a su utilización.

Opinión Personal

Si bien el reporte tiene como propósito llamar la atención acerca de las áreas en las que el gobierno mexicano deber trabajar y poner especial atención para proteger el derecho a la privacidad de los mexicanos, considero que el reporte le falto información mas sustantiva y actualizada sobre los planes de la actual administración del Presidente Pena Nieto en materia de protección de derechos humanos en especial con respecto al derecho a la privacidad. El reporte no hace referencia a información de la actual administración únicamente información de la administración del ex-presidente Calderón. Asimismo, el reporte contiene notas de pie y referencias a artículos, notas de prensa y blogs en inglés que tocan el tema pero sin sustancialmente entrar a detalle y no hace referencia a estudios, opiniones y noticias en México con relación al tema de la privacidad y protección de datos y en particular con respecto al decreto de geolocalizacion que cuando fue aprobado genero una gran polémica en la sociedad mexicana.

Considero que el reporte de Privacy International pudiera haberse justificado mejor si se hubieran hecho solicitudes de acceso a la información con respecto a la adquisición del software de vigilancia y radares scanner por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para tener información más precisa y confiable y no solamente con base en noticias y fuentes de información de los Estados Unidos.

Ahora bien, con respecto al tema de los drones, me parece muy acertado que el reporte de Privacy International lo mencione puesto que muy pocos mexicanos saben todavía para que se utilizan y los riesgos que con lleva a la esfera privada de los individuos. Inclusive, actualmente este tema se está analizando en el Congreso de los Estados Unidos.

Valdría la pena que académicos y estudiantes interesados hicieran estudios exhaustivos acerca del uso de los drones y sus repercusiones sobre el derecho a la privacidad en México, tomando en cuente el marco jurídico internacional y nacional sobre la materia pues no existen todavía estudios sobre dicha temática.

El programa plantea alguna puntos interesantes sobre los antecedentes de la regulación de la protección de datos en México y sobre la viabilidad del IFAI de continuar siendo la autoridad garante en materia de protección de datos y acceso a la información. También se discutió acerca de la iniciativa de reforma constitucional que se encuentra pendiente en el Congreso de la Unión que pretende otorgarle al IFAI mayores facultades en materia de acceso a la información pero reducir las atribuciones de esa autoridad en materia de protección de datos.

También se habló sobre el poder e influencia que ejercen las grandes empresas que tratan datos personales para no ser reguladas excesivamente en distintos países y algunos puntos de vista sobre las ventajas de tener el reconocimiento de adecuación de la legislación por parte de la Unión Europea para que México pueda atraer mayores inversiones en el sector de tecnología, entre otros puntos de vista relacionados con la seguridad de información.

El video de la transmisión de Canal Once se encuentra disponible en YouTube en el siguiente vínculo

La ratificación por parte de Uruguay ya se encuentra incluida en la tabla de firmas y ratificaciones del Consejo de Europa y se prevé que entre en vigor el próximo 1º de Agosto de 2013.

Vale la pena destacar que en Agosto de 2012, Uruguay fue el segundo país de Latinoamérica cuya legislación sobre protección de datos fue reconocida con un nivel adecuado de protección por la Comisión Europea. Para mayor información ver:

ProtDataMx Entrada de fecha 8 de Septiembre de 2013

Decisión de Ejecución de la Comisión de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección adecuada de los datos personales por la República Oriental del Uruguay en lo que respecta al tratamiento automatizado de datos personales del 21 de Agosto de 2012

Notas de Prensa:

Milenio

La entrevista se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo

La nota de prensa del diario Mileno señala que “Telmex realizaba el cargo primero bajo el rubro “Privacidad en Directorio y 040″ y posteriormente cambió a “Detalle de llamadas entrantes y salientes” a partir de noviembre del 2012”. De acuerdo con un funcionario de Profeco, la privacidad es un derecho constitucional y que los conceptos que factura Telmex no tienen sustento legal alguno en ningún contrato.

He estado tratando de allegarme de mayor información sobre la demanda colectiva presentada por Profeco. Si alguien tiene información más detallada sobre el estado en el que se encuentra la demanda, les agradeceré incluir sus comentarios o enviarme un mensaje a: info@protecciondatos.mx

La convocatoria que publicó la Profeco para formar parte de la demanda colectiva y solicitar el pago de los cargos indebidos se encuentra en este vínculo

Las notas de Prensa se encuentran en:

Milenio

Proceso

El Financiero

Yahoo

Chicago Tribune

Cualquier comentario, crítica o retroalimentación en relación al contenido de la entrevista es bienvenido en la sección de comentarios.

Contenido Jurídico de la Reforma

La Iniciativa pretende modificar los artículos 6º, 7º, 27º, 28º, la fracción XVII del artículo 73; la fracción VII del artículo 78 y el párrafo sexto del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, el artículo tercero transitorio de la iniciativa establece un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones necesarias al marco jurídico secundario debiendo:

• Establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración;
• Regular el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales;
• Establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las concesiones de uso comercial, público, social y privado;
• Regular el derecho de réplica;
• Establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia;
• Establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente;
• Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial, consistentes con los principios de competencia, para el efecto de que los operadores de radiodifusión o telecomunicaciones no otorguen subsidios a los servicios que proporcionan, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico, debiendo cada concesionario fijar tarifas mínimas, consistentes con los principios de competencia, para la emisión de anuncios, las cuales serán presentadas ante la autoridad para su registro público;
• Determinar los criterios conforme a los cuales el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, garantizado el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo el pago de las contraprestaciones debidas;
• Crear un Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, integrado por miembros honorarios y encargado de fungir como órgano asesor en la observancia de los principios establecidos en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, y
• Aprobar las leyes, reformas y adiciones que deriven de la iniciativa de reforma, entre otras disposiciones y lineamientos de carácter general

Asimismo, la Iniciativa establece lo siguiente: (i) plazos para constituir la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones; (ii) obligaciones específicas para concesionarios de telecomunicaciones y servicios de televisión radiodifundida; (iii) obligaciones y atribuciones adicionales una vez que el Instituto Federal de Telecomunicaciones haya sido debidamente conformado; (iv) una propuesta para establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones por parte del Consejo de la Judicatura Federal; (v) obligaciones de política de inclusión digital universal y de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno Federal; (vi) acciones tendientes a garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal por parte del Ejecutivo Federal, entre otras obligaciones.

Liberalización y Apertura a Inversión Extranjera

El artículo Quinto transitorio de la Iniciativa establece que desde la entrada en vigor de la reforma se permitirá la inversión extranjera directa hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta el 49 por ciento en radiodifusión.

Opinión Personal

Después de haber leído detenidamente el documento que contiene la Iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones -cuya exposición de motivos encuentro muy bien fundamentada pues hace puntual referencia a los instrumentos y resoluciones internacionales y resoluciones judiciales nacionales- me parece una excelente intención por parte del Pacto por México y el Ejecutivo Federal de someter una reforma integral al marco jurídico aplicable a las telecomunicaciones y tecnologías de información para que, por un lado, se pueda brindar acceso universal a todos los mexicanos que aún no gozan de estos beneficios y por otro, fomentar la competencia de servicios y evitar los monopolios del sector a los que hemos estado sometidos desde años para que en el corto plazo podamos gozar de mayores alternativas, mejores servicios y precios más asequibles ya que los mexicanos seguimos pagando tarifas de telefonía móvil y servicios de acceso a Internet de las más caras a nivel mundial y no precisamente con una continuidad efectiva del servicio y una atención al usuario cordial y eficiente.

Para muchos colegas y expertos que hemos estado inmersos en el sector de telecomunicaciones, realmente anhelamos que este paquete de reformas propuestas puedan sacar adelante un sector que ha estado controlado, manipulado y dirigido por actores que ya todos bien conocemos, y en donde continua habiendo discrepancias sobre las respectivas atribuciones y poderes coercitivos de la SCT y la Cofetel, respectivamente; y sobre todo el abuso del sistema jurídico por parte de las empresas dominantes del sector para seguir teniendo poder sustancial y disuadir la competencia de otros prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Si la reforma es aprobada por el Legislativo, esperemos que los próximos funcionarios que conformarán los órganos reguladores en la materia realmente sean especialistas, imparciales y que no tengan intereses políticos o empresariales -como ha sido el caso de muchos funcionarios que han ocupados puestos en la Cofetel y en la SCT que lo único que han logrado ha sido retroceder al país en materia regulatoria como bien lo ha indicado la OCDE en sus diversos estudios de políticas y regulación de telecomunicaciones-, pero sobre todo que los funcionarios electos estén dispuestos a cambiar el rumbo de un sector que ha estado estancado desde hace más de una década.

Ahora bien, creemos que la reforma en materia de telecomunicaciones, no solamente debe mejorar el marco jurídico y eficientar las políticas públicas, sino sobre todo se debe dotar de plena autonomía a los órganos reguladores y asegurarse que los mismos puedan ejercer acciones y establecer medidas coercitivas efectivas para evitar prácticas monopólicas, concentraciones y restricciones al funcionamiento eficiente del mercado de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, sin injerencias políticas o empresariales o incentivos de cualquier otro tipo. También valdría la pena establecer un mecanismo de evaluación y control ciudadano para calificar el desempeño y labor de los próximos funcionarios que conformaran lo órganos reguladores.

Con respecto a la propuesta de la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a diferencia de muchas otras voces de expertos, me parece una buena iniciativa ya que la Cofetel es un órgano que desde que surgió en 1995 no ha cumplido con las expectativas del sector y sigue acatando en gran medida las decisiones que tome la SCT sin contar con una plena autonomía de decisión, además de que dicho órgano regulador se ha visto impedido de ejecutar la actual legislación de telecomunicaciones a empresas con poder sustancial en el mercado por el frecuente y constante uso del juicio de amparo para suspender el efecto de sus resoluciones, tal y como se desprende de la exposición de motivos de la Iniciativa (P.20) que señala: «El problema esencial no es la existencia de acceso a la justicia, el cual es un derecho fundamental de toda persona, sino evitar que las empresas en mercados vitales como los del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, abusen del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas. Las decisiones de las autoridades en esta materia deben estar sujetas a revisión, sin embargo, lo que debe evitarse es que las impugnaciones tengan como principal objetivo la suspensión de la acción reguladora y detengan o retrasen las decisiones tomadas por los órganos competentes, prevaleciendo el interés particular sobre el interés de la sociedad».

Quizá, dos de las propuestas jurídicas más novedosas que contiene la Iniciativa son:

(1) Proponer la modificación al artículo 28 constitucional para establecer que las normas, actos u omisiones de las nuevas entidades regulatorias propuestas -Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones- sólo puedan ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no puedan ser objeto de suspensión mediante el juicio de amparo directo; (2) proponer la modificación del párrafo quinto del artículo 94 constitucional para que el Consejo de la Judicatura Federal incluya en el ámbito de su competencia territorial a juzgados y tribunales especializados en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. Esto permitirá la especialización de los jueces y que los asuntos se concentre en un número menor de Juzgados Colegiados y Juzgados de Distrito.

Aprobación Cámara de Diputados

La Iniciativa de Reforma fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 15 de Marzo con 27 votos a favor, 2 votos en contra y cero abstenciones. El dictamen final fue aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados el 21 de Marzo durante una sesión que duró casi 17 horas tal y como se describe en este artículo y la minuta fue enviada al Senado de la República para su correspondiente revisión y aprobación.

Aprobación Cámara de Senadores

Después de intensos días de negociación, la iniciativa de Reforma en materia telecomunicaciones fue aprobada en lo general y particular el pasado 19 de Abril por el Pleno del Senado con 118 votos a favor y 3 en contra. Se reporta que la minuta de la Cámara de Diputados sufrió 29 cambios en 18 disposiciones. CNN Expansión publicó un cuadro comparativo sobre el contenido de la minuta propuesta por la Cámara de Diputados y la minuta avalada por la Cámara de Senadores el viernes pasado que se encuentra en el siguiente vínculo

La minuta del Senado será enviada a la Cámara de Diputados en los próximos días para su posterior aprobación en donde los diputados tendrán que revisar y avalar los cambios hechos por el Senado en alguna de las cuatro sesiones que le restan al actual periodo de sesiones.

Posteriormente, vendrá la parte más complicada donde los legisladores de los distintos grupos parlamentarios tendrán que discutir, negociar y aprobar las reformas correspondientes a las leyes reglamentarias y legislación secundaria donde vislumbramos que se generarán las mayores polémicas en torno a su aprobación, así como aprobar las atribuciones, facultades y el fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, respectivamente; los criterios del nombramiento de los titulares del Instituto Federal de Telecomunicaciones e incluir y reformar la legislación orgánica del Poder Judicial de la Federación para permitir la creación de juzgados y tribunales especializados en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica por parte del Consejo de la Judicatura Federal.

Ver las siguientes notas de prensa relacionadas:

Excélsior

ADN Político

Enterate.mx

MediaTelecom

La Jornada

Cámara de Diputados Nota 2287 del 15 de Marzo de 2013

Dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales  publicado en la Gaceta Parlamentaria No. 3731-X, Ano XVI de fecha 19 de Marzo de 2013

CNN Expansión

El Universal

Programa Espiral de Once TV. Reforma a las Telecomunicaciones

Entre los argumentos de Google se encuentran el hecho de ser un mero intermediario y que la responsabilidad de la información publicada debería recaer primordialmente en el editor de la información y no el motor de búsqueda cuya función es únicamente indexarla; que las legislación europea sobre protección de datos no le debería ser aplicable por tener su sede principal en el estado de California, así como la importancia de respetar los derechos de libertad de expresión y acceso a información publica en Internet, entre otros aspectos.

Por su parte, el representante de un ciudadano afectado por la indexación de la información de Google señala que la empresa actúa como “controlador” y por tanto lleva a cabo un tratamiento de información de carácter personal aunado al hecho de que realiza actividades de publicidad en territorio español, situación suficiente para que le sea aplicable la legislación española y comunitaria sobre protección de datos.

La AEPD sostiene que la legislación española debería aplicarle a Google por tener una filial en ese país y por que los ciudadanos españoles y comunitarios afectados  estarían en una situación  de “desventaja e indefensión” si tuvieran que ser obligados a acudir a los tribunales del estado de California para ejercer y defender sus derechos de privacidad.

Se espera que el TJE publique un dictamen de conclusiones no vinculante en Junio y la sentencia resolutoria posiblemente a finales de este año, lo anterior para coincidir con los tiempos de la agenda del Parlamento Europeo que actualmente se encuentra analizando el Proyecto de Propuesta de Reglamento de Protección de Datos originalmente propuesto por la Comisión Europea.

Mayor información en:

El País

El Mundo.es

ABC Tecnología

Reuters

Wired.UK

CNet.com

En este artículo, la autora hace referencia a algunos puntos relevantes durante una entrevista que sostuvo con Edgardo Martínez, Director General de Normatividad, Consulta y Atención Regional del IFAI y conmigo. Sin embargo, vale la pena aclarar que en la entrevista señale originalmente que «la protección de datos es una responsabilidad compartida en la que todas las partes involucradas (empresas, autoridades reguladoras, ciudadanos) deben tener  cierto grado de responsabilidad en el uso, manejo y cuidado de la información personal y que existe la imperiosa y continua necesidad de concientizar y educar a los mexicanos sobre la importancia de proteger y resguardar su información y datos personales ya que estos tienen un valor monetario muy importante para las empresas, pues por medio ellos, las empresas pueden conocer los hábitos y preferencias de los usuarios y compartirlos con terceras empresas muchas veces sin su consentimiento.»

Hago la aclaración del mensaje que trate de enviar durante la entrevista y en especial para evitar confusión en la lectura del párrafo sobre «Análisis» de la autora cuyo texto publicado apenas tuve la oportunidad de leer esta mañana.